Elecciones ’09 – Primera parte.

A tan sólo tres días de las elecciones legislativas, previstas originariamente para octubre y que por conveniencia del oficialismo se adelantaron al 28 de junio, creemos necesario hacer una serie de reflexiones sobre algunas cuestiones y tendencias que se han puesto de manifiesto en el transcurso de la campaña electoral.

Respecto del adelantamiento.

Cuando a comienzos de año se armaban los planes electorales creyendo que se contaba con varios meses de trabajo previos a la campaña, primero en la ciudad de Buenos Aires y luego a nivel nacional se decide el adelantamiento de los comicios. Sea justificado para separar las decisiones que tienen que ver con aquel ámbito restringido de la contienda nacional o por la necesidad de enfrentar la crisis sin un debate preelectoral contemporáneo, la decisión tiene un simple contenido oportunista, enfrentarlas en las mejores condiciones esperadas por parte de los partidos en el gobierno.

Aunque alteró las reglas de juego, y ello no resulta conveniente en un año electoral, la decisión, desde nuestra perspectiva, merece ser criticada no tanto desde un punto de vista legal sino más bien porque imposibilitó a los partidos políticos en particular y a la sociedad en general transitar con el debido tiempo una experiencia política en base al debate, la difusión y esclarecimiento de ideas y proyectos, la conformación de frentes o alianzas, la selección de candidatos mediante métodos democráticos, etc. Aunque todas las fuerzas políticas han sufrido el impacto de tales consecuencias, la situación se agrava en el caso de los pequeños partidos, a los que les resulta sumamente difícil, en tan breve período de tiempo, conformar las listas y posicionar a sus candidatos, conseguir los fondos para solventar los gastos proselitistas, y estructurar los ejes temáticos en torno a los cuales girará la campaña.

Ausencia de debate.

¿Qué está en juego el 28 de junio? Tomemos en primer término lo que surge de los discursos de los propios candidatos y partidos. Al respecto, el kirchnerismo señala que apuesta a profundizar el actual modelo productivo y de inclusión social, iniciado en 2003. En lo que a estas alturas resulta prácticamente un cliché, busca contraponer su actual modelo de gestión con lo acaecido durante los años ’90, intentando de tal forma suprimir de un plumazo evidentes continuidades entre uno y otro. Al respecto, en el período 2003-2008 la economía argentina creció en forma consecutiva a tasas anuales inéditas (superiores al 8 %). Sin embargo, tal dinamismo se asentó fundamentalmente en la “ventaja” competitiva lograda con la profunda caída del salario real provocado con la devaluación de 2002 y en una coyuntura internacional sumamente favorable por el aumento en el precio de los commodities. En tal sentido, cabe señalar que recién a fines de 2006 el nivel del salario real alcanzaba un nivel similar al registrado en 2001 (Encuesta Permanente de Hogares – INDEC, 2007), es decir, un poder adquisitivo resultado de diez años de -las recurrentemente denostadas- políticas neoliberales. No deja de ser sugestivo, en tal sentido, la manipulación de datos que el gobierno comenzó a efectuar desde hace dos años en el INDEC. No solo ha falseado los indicadores relativos a la inflación (lo que impide la debida recomposición salarial de los trabajadores) sino también han desaparecido los indicadores relativos al salario real y la distribución del ingreso.

Asimismo, sólo a partir del conflicto con el campo y con la crisis económica mundial en el horizonte próximo, el gobierno enfatizó en la necesidad de profundizar el modelo de acumulación vigente, en base a una mayor redistribución del ingreso. ¿Qué logró y qué propone para tal fin? Retrospectivamente poco -en relación con los indicadores más utilizados respecto a la calidad del empleo, la concentración del ingreso y la pobreza- pero a futuro el discurso gira siempre en torno a la necesidad imperiosa de la intervención estatal. Gobiernos del mundo de diferente signo (conservadores, liberales, de derecha, de centro y/o de centro izquierda) parecen coincidir en que frente a la crisis el Estado debe tener un rol más importante y activo que lo que suponía el precepto neoliberal. Sin embargo, al contrario de lo que el gobierno asegura, la intervención estatal por sí misma no garantiza una mejor redistribución del ingreso. Es necesario dilucidar la naturaleza de tales intervenciones. Más allá de pretender alejar el temor a la instalación de un régimen al estilo Chávez, el kirchnerismo no ofrece muchas respuestas a qué significa profundizar el modelo.

Siempre en consideración de sus propios discursos, el campo opositor, en lo que aquí interesa, podría dividirse en dos, basado en discursos de los candidatos: a la derecha del oficialismo y hacia su izquierda. En el primer lugar, se encuentran Unión Pro y el Acuerdo Cívico y Social (UCR+Coalición Cívica+Socialismo). Ambas alianzas acuerdan -a pesar de ir en boletas separadas- en algunos puntos fundamentales: el primero, en hacerse eco de las demandas del “campo”. El segundo, es el abstracto discurso de la calidad institucional. El tercero, de fondo, es la oposición acérrima al kirchnerismo. Con respecto a la primera cuestión, se declama la necesidad de eliminar totalmente las retenciones a la exportación de gran parte de los productos agrarios, aún cuando hasta las pasadas elecciones presidenciales alguna de esas agrupaciones llevaba la bandera contraria (la Coalición Cívica incluso planteaba un esquema con retenciones móviles). Sin embargo, de ningún modo responden sobre cómo cubrirían los ingresos fiscales faltantes o, en su defecto, qué rubro presupuestario reducirían. El segundo punto se conecta, evidentemente, con el tercero. El kirchnerismo es visto por este sector político como la máxima expresión de la degradación institucional del país. Las críticas en general tienden a centrase en el carácter confrontativo de Néstor Kirchner, en su naturaleza “despótica” para tomar decisiones, en la existencia de un doble comando que debilita la investidura presidencial. También plantean una batería de acciones, muchas de ellas de índole legislativa, destinadas a revertir algunas de las medidas institucionales más polémicas del kirchnerismo, como la reforma de Consejo de la Magistratura y la delegación de las facultades presupuestarias hacia del Ejecutivo (justificable, esta última, durante la inmediata salida de la crisis pero no un lustro después).

Asimismo, en ciertos contextos electorales, como en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el discurso en pos de la seguridad resulta efectivo a la hora de recolectar votos, y en tal dirección apuntan ambas agrupaciones, Unión Pro y el Acuerdo Cívico y Social.

En definitiva, en este sector no se observa ninguna crítica al modelo kirchnerista que haga eje en la necesidad de redistribuir el ingreso y de atenuar las desigualdades sociales, salvo en muy contadas excepciones en sus discursos. En síntesis, es una oposición que corre al kirchnerismo por derecha con tanto contenido sobre el qué hacer económico como el oficialismo.

En el otro sector del espectro político, se encuentran, con posibilidades y potencialidades dispares, Proyecto Sur (con Pino Solanas), Autodeterminación y Libertad (AyL, con Luis Zamora), Partido Encuentro (Martín Sabbatella) y los partidos de izquierda (PTS, MST, PO). Cabe aclarar que aquí nos limitamos a analizar los contendientes que presentarán candidatos, por lo que no haremos consideraciones sobre aquellas fuerzas que plantean como estrategia ir por fuera -y en contra- del acto electoral).

Proyecto Sur, que aglutina un conjunto de fuerzas progresistas, disfruta de buenas proyecciones con un discurso centrado en el aprovechamiento nacional de la renta de los recursos naturales y la recuperación de lo público (con eje central en el Estado), así como de la visibilidad y carisma de sus candidatos. En parte, su incidencia en la campaña viene dado por los sectores progresistas no peronistas, muy presentes en la Ciudad, así como de los desencantados con el kircherismo y sus creciente conservadurismo y “pejotización”. En este caso, con alguna propuesta concreta muestran -en el desértico mapa de las ideas- una destacable diferencia. En el caso de AyL las chances son muy menores debido a la muy cuestionada experiencia previa de Zamora.

En el campo de los partidos de izquierda subyace, en el pensamiento común, el viejo cuestionamiento al porqué se encuentran persistentemente separadas, a pesar de sus evidentes coincidencias. Aunque se enfrentan con un sectarismo claro, sus problemas no son reducibles a la mera falta de voluntad política. Lo central, creemos, parece ser la ausencia del sujeto al que dirigen su acción: un movimiento obrero dispuesto a bregar por una salida anticapitalista. Frente a ello, la población trabajadora parece mucho más proclive al peronismo.

En definitiva, la campaña electoral no ofrece grandes debates entre los contendientes, y escasas ideas a futuro. En ese contexto, las candidaturas testimoniales, la solicitud de impugnaciones hacia algunos candidatos, y la supuesta relación entre De Narváez y el contrabando de efedrina, han ocupado el centro de la escena proselitista. Sin embargo, estas discusiones transitaron más por los tribunales que por el campo estrictamente político. La judicialización de la política no es sino el resultado de la falta de política.