Grupo TPI

Grupo para la Transformación Política de Izquierda

Sobre el “82% móvil”.

Posted by grupotpi en 03/10/2010

Luego de varias décadas de mantenerse en segundo plano, en los años recientes la discusión sobre las jubilaciones ha tomado una gran relevancia. La sanción de la ley de movilidad y la estatización de las AFJP, puso sobre la mesa recurrentemente la cuestión de lo escaso de los haberes percibidos por jubilados y pensionados, que en su gran mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El último capítulo de esta fundamental discusión ha sido, como es sabido, el referente al  82% móvil.

Es necesario para el análisis, definir en primer lugar a qué nos referimos con 82%. Se trata de que la jubilación mínima sea fijada en el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Esto es un punto muy importante: la legislación a tratar se refiere únicamente a la jubilación mínima y la pregunta surge acerca de ¿qué pasará entonces con la movilidad?. Porque la ley de movilidad sancionada previamente se refería exclusivamente a las jubilaciones, pero no al salario mínimo. ¿Se tratará de trasladar esta movilidad al SMVM?, ¿o por el contrario existe el peligro de que no se discuta ninguna movilidad en absoluto y entonces, nuevamente, el nivel de las jubilaciones dependa de ajustes ad-hoc sobre el primero?. Durante los años ’90 y hasta el 2003, por caso, el SMVM no fue modificado y a su suerte estaba atada la jubilación mínima. Dado que el primero se modifica de forma no automática (requiere de una reunión del Consejo del Salario que no tienen periodicidad reglamentada), el mismo destino podría llegar a tener el nivel de las jubilaciones, quedando congeladas por tiempo indeterminado, con el agravante adicional de una inflación de dos dígitos.  Los proyectos de ley discutidos no aclararon la cuestión, que es de una importancia determinante para evaluar si la medida implica efectivamente una mejora.

El punto central, sin embargo, parece estar casi afuera del debate, o a lo sumo tocada tangencialmente a través de la cuestión del financiamiento. La mayoría en diputados (compuesta por los bloques del PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo disidente) se negó a incluir en su proyecto un capítulo que explicite de dónde provendrán los recursos necesarios para sostener el nuevo esquema, que diversas estimaciones ubican en un flujo anual adicional de aproximadamente 30 000 millones de pesos. Sólo el grupo formado por los legisladores del GEN, de Proyecto Sur y del Socialismo trataron de que se incluya un aumento de las contribuciones patronales para financiarlo. El oficialismo por su parte, votó en contra del proyecto, tanto en la votación en general, como en particular, incluyendo a la propuesta de subir los aportes patronales, dejando en claro su postura sobre esta cuestión. Podría haberse pensado que, dadas las reiteradas críticas del Ministro de Economía, del Jefe de Gabinete y de la Presidenta de la Nación al proyecto, tildándolo de irresponsable como mínimo, el oficialismo trataría de presionar justamente en la discusión del financiamiento para que los recursos sean definidos. Pero ocurrió exactamente lo contrario. ¿Será que la apoyar la propuesta de subir las contribuciones patronales era aun peor, para la mirada del oficialismo, que avalar que el proyecto sea aprobado sin mencionar ninguna fuente en absoluto, teniendo así la excusa para el veto presidencial?

En todo caso lo que el debate debió permitir, y lamentablemente no lo ha hecho, es poner sobra la mesa la cuestión de la sustentabilidad del sistema de jubilaciones en general. Año a año se requieren recursos del presupuesto para hacer frente a gastos previsionales porque las contribuciones de los trabajadores no son suficientes para sostenerlo. El gráfico siguiente muestra que desde principio de la década del 80 los gastos previsionales han superado con creces los ingresos del sistema:

Fuente: Cetrángolo O. y Grushka, C. “Perspectivas previsionales en Argentina y su financiamiento tras la expansión de la cobertura”. CEPAL, 2008.

Esto no es un problema exclusivo de la Argentina, se repite a lo largo del mundo, incluyendo zonas desarrolladas como Europa y Japón. El envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida, y ya sí específicamente en el caso argentino, la gran cantidad de trabajo en negro, ponen en duda la sustentabilidad presente y futura del esquema de reparto como esta planteado. Sin embargo, y luego de nacionalizados los activos que estaban en manos de las AFJP que formaron el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la ANSES prevé un superávit corriente para el año 2010 (según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal) de $7500 millones. Es claro que este superávit, no solamente no alcanzaría para cubrir el flujo adicional anual necesario para hacer frente al aumento de las jubilaciones, sino que además su fuente es coyuntural y debería reducirse a medida que aumenta la cobertura.

Existen diversas alternativas para reformarlo, entre la que la de mayor éxito hasta el momento es la aplicada en Suecia, donde existe un ingreso universal para la tercera edad, financiado con recursos presupuestarios, al igual que la educación y la salud públicas. La ventaja de dicho esquema reside en simplificar y así poder planificar adecuadamente, una situación que en la actualidad se enfrenta de manera desordenada y poco clara. Es real que el conjunto de los aportes al sistema previsional constituye una masa importantísima de riqueza que queda en manos del Estado, y que éste puede utilizar de maneras diversas para impulsar la acumulación (lo que no significa que en la actualidad lo esté haciendo). No se trata de que el nuevo esquema rompa con esto, sino que, al brindar la posibilidad de planificar adecuadamente el financiamiento del mismo como un compromiso presupuestario adicional, al igual que la salud y la educación públicas, el Estado pueda administrar de manera más clara los recursos con los que cuenta y se eviten situaciones de desfinanciamiento como las que se atraviesan, de forma recurrente en las últimas décadas. De la misma manera que los recursos del sistema de reparto son utilizados hoy para obras de infraestructura y demás, lo mismo podría pensarse desde el presupuesto general, evitando el peligro de la desfinanciación del sistema previsional.

El problema del esquema como está planteado en la actualidad es profundo y lamentablemente la discusión lo dejó de lado casi en su totalidad, perdiendo una oportunidad muy valiosa para encarar reformas que efectivamente redunden en la mejora de las condiciones de vida de jubilados y pensionados.

 

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