Grupo TPI

Grupo para la Transformación Política de Izquierda

El asesinato de Ferreyra

Posted by grupotpi en 05/12/2010

El asesinato de Mariano Ferreyra es un golpe muy fuerte. Por supuesto la situación nos exige preguntarnos por qué sucedió y, en consecuencia, qué acción política debe encararse para asegurar que nunca vuelva a ocurrir.

Más allá de lo evidente que recogen las diversas crónicas respecto del hecho, el asesinato de un militante del Partido Obrero por parte de una patota vinculada a la Unión Ferroviaria, la propia gravedad del hecho deja a las claras que, lejos de tratarse de un asesinato aislado, se trató de un crimen político con causas mucho más profundas. Las noticias de ese día y los subsiguientes informaron que toda la tragedia comenzó a pocas cuadras, donde un grupo de trabajadores tercerizados de la empresa concesionaria del Ferrocarril Roca intenta cortar las vías para reclamar su reincorporación y pase a planta. Allí, los estaba esperando un grupo de trabajadores de planta, afiliados a Unión Ferroviaria, y barrabravas con el fin de impedirlo. Como dato fundamental, inmediatamente se conoce que de la gestión y propiedad de las empresas participan los propios gremios. Hasta aquí, la situación ya es de por sí compleja, ¿por qué sólo algunos trabajadores protestan por las condiciones de empleo y remuneración? Peor aún, ¿por qué algunos trabajadores se aseguran que otros no puedan protestar contra la empresa?

Aquí es donde el brutal asesinato nos muestra su causa. Su origen se encuentra en la existencia del sindicalismo burócrata, aquel que por sus negociados con las empresas está dispuesto a atacar brutalmente a otros trabajadores con tal de defender sus espacios de poder.

Entendemos que este sindicalismo es expresión del funcionamiento del mercado laboral, producto a su vez de la forma en que se desarrolla la acumulación de capital en nuestro país, y no al revés (como usualmente suele presentárselo, culpando a la existencia de una burocracia sindical surgida de alguna forma nunca comprendida completamente, que “traba el desarrollo del país”). Sólo en el marco de limitaciones estructurales a la mejora de las condiciones de empleo, los sindicatos se alinean con las empresas (su máxima expresión es –como aquí- ser socios en la concesión) para defender sus prebendas. Prebendas que surgen precisamente, en virtud de relegar y sostener a esos otros trabajadores bajo condiciones mucho peores, en una lucha abierta al interior mismo de la clase obrera. Esa burocratización y fragmentación de la clase surge, entonces, como expresión de la imposibilidad de mejorar las condiciones generales de empleo.

Es por esto mismo que sostenemos que el hecho de violencia que derivó en la muerte de Mariano Ferreyra, no es para nada un episodio aislado, es un crimen político que expresa los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido, el manejo sindical culpable del hecho, se presenta como uno de los mayores y más alarmantes signos de continuidad con décadas pasadas, que el gobierno actual y el anterior, lejos de tratar de modificar, transformaron en uno de sus pilares de poder más importantes. Si como mostramos en nuestro Documento de Discusión Nº 3, Argentina está lejos de resolver las problemáticas que arrastra desde hace décadas, poco podría esperarse que las estructuras sindicales, que son expresión de ellas, sean modificadas.

Sin embargo, lo que el crimen revela es una radicalización del conflicto que venimos describiendo. En ese sentido, ante un escenario como el actual, donde el empleo y las remuneraciones se han estancado, en niveles similares desde 2008, el conflicto entre ambos fragmentos no puede más que crecer. En cualquier caso, plantearlo directamente así implica que estuvo lejos de ser una cuestión aleatoria la realidad que en este enfrentamiento, que como a tantos otros los sindicatos asisten armados, hayan baleado a cuatro personas, con consecuencias trágicas: una persona muerta y otra en estado de coma. En este marco, creemos que las crecientes dificultades del proceso K para llevar a cabo una recomposición del mercado laboral y los ingresos de la población, lleva a la radicalización de las organizaciones de base kirchneristas para defender el “modelo” a cualquier precio y frente a cualquier “amenaza” así percibida. De este modo, dado que todo conforma las condiciones objetivas para que el hecho ocurra y se necesita en todo caso de alguien que dispare, la realidad de un crimen político en esta oportunidad (cuando al menos algunas de esas condiciones -concretamente la presencia de armas de fuego- ya estuvieron presentes en manifestaciones anteriores) expresa la propia radicalización del conflicto. Y todo esto, más allá de que la posibilidad de conspiraciones para utilizarlo con fines políticos por sectores diversos no pueda eliminarse.

En cualquier caso, es necesario dar cuenta de la existencia del sindicalismo burócrata, cuya máxima expresión es -gran parte de- la CGT. El aumento progresivo de su poder, expresada en el tandem político que conformaban Nestor Kirchner y Hugo Moyano y que, no casualmente pocos días antes del hecho, quedaba reflejado en el acto llevado a cabo en la cancha de River, sumaba de manera determinante a la posibilidad de llevar a cabo un crimen político (si esto era percibido como necesario para “defender el modelo”) la percepción extrema de impunidad. Es erróneo plantear que pueden separarse las figuras del secretario general de las de los representantes máximos de otros sindicatos, aun cuando es evidente que algunos son más parecidos que otros.

En este doble sentido, y sosteniendo que la burocratización de las organizaciones de la clase obrera es expresión de los problemas estructurales de la Argentina, es que debemos avanzar sobre su transformación. Aun cuando sin esto último no pueda eliminarse completamente la tendencia a la burocratización de la representación obrera, creemos que es necesario impulsar su democratización de manera inmediata. En el caso de la CTA, más allá de que no escapa a la tendencia general, como sus últimas elecciones pusieron en evidencia (inexistencia de representación de minorías y de proporcionalidad en la elección de cargos, poca transparencia en el acto mismo, etc.), creemos que la obligatoriedad de instancias democráticas internas que la distingue (y a los sindicatos que la componen), abre al menos la posibilidad de luchar por construcciones que no sigan ese mismo camino.

Por todo ello, es sumamente necesario impulsar organizaciones de representación de la clase trabajadora que, aun estando inmersas en el contexto actual, defiendan la participación democrática en ellas. Solo así será posible esperar, al menos, que esta haya sido la última muerte.

 

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