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Grupo para la Transformación Política de Izquierda

Reformar la constitución para darle alivio a los mercados – Columna 13-09

Posted by grupotpi en 14/09/2011

El miércoles pasado, en España, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo y aprobaron una reforma de la constitución con el objetivo de garantizar la estabilidad presupuestaria y fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a mediano y largo plazo a través del establecimiento de un limite al déficit público y la elevación del techo de la deuda (como había pasado semanas antes en los EEUU).

En la reforma se establece un principio de “estabilidad presupuestaria” en el que ni el estado ni las comunidades autónomas pueden incurrir en un “déficit estructural” superior al que establezca la Unión Europea, y a través del cual se prioriza el pago de la deuda externa por sobre cualquier otra necesidad de erogación pública. A partir del 2020, además, se fija un límite cuantitativo al déficit público del 0.4% del PBI.

En los Estados Unidos es el Tea Party (partido de ultraderecha) quien impulsa la inclusión en la constitución de una limitación cuantitativa del gasto público. Lo que se esconde por detrás de este manto es la idea de que es el capital privado quien moviliza la economía, a través de la generación de empleo y la inversión, y que hay que garantizarle un “marco jurídico e institucional” adecuado para que se reproduzca. Esto es, en criollo, reducir el impuesto a las rentas derivadas del capital (entre las que se destacan la renta financiera y especulativa), garantizar el libre albedrío empresarial e inclinar la balanza a favor de la flexibilización laboral (en sus formas clásicas o en innovaciones).

Cuando en los medios se reproducen a cántaros frases del estilo “alivio en los mercados” o “respiraron los mercados”, por “planes de austeridad” o “programas de ahorro” lo que se está queriendo decir en los hechos es que se va a reducir el gasto social en perjuicio de los que más lo necesitan y a favor de los que más tienen, es decir, aumentar la inequidad de la distribución de los ingresos. De la boca para afuera, lo que se quiere es “salvar al estado de bienestar” pero en realidad se piensa que el gasto social es superfluo y detrás de esta enmienda se esconde la doctrina de la privatización de los servicios públicos y la teoría neoliberal del estado y las instituciones públicas.

En este aspecto, la concreción del típico plan de ajuste del gasto público neoliberal nos recuerda a la famosa ley de “déficit cero” (25.453) del 30 de julio de 2001, a partir de la cual se le recortaron los haberes a jubilados y pensionados y funcionarios públicos en alrededor de un 13%. El neoliberalismo en la argentina no solo nos legó unos cuantos años de recesión, desempleo, inequidad y pago de elevados intereses por el endeudamiento sino que, sobre todo, implicó un cambio irreversible en las instituciones. La reforma constitucional de 1994, y muchas de las decisiones políticas que se tomaron en aquel entonces constituyen una herencia que, sin ningún lugar a dudas, resta grados de libertad y margen de maniobra a cualquier tipo de política económica, social o cultural que se quiera implementar desde el estado.

Sin siquiera llegar a pensar en plantear alternativas revolucionarias, con este tipo de reformas se pierde la posibilidad de aplicación de políticas típicas contracíclicas de corte keynesiano que, al menos en crisis o recesión (como sería el “caso keynesiano” del que se sirve la teoría neoclásica) reactiven el nivel de actividad de la economía por la vía del fogoneo de la demanda y que pongan en manos del sector público el rol de encauzar la inversión productiva.

Este tipo de reformas constitucionales se vuelve necesario si se quiere garantizar las condiciones de reproducción del capital. Con la estrategia de tomar el todo por las partes, se identifica en el endeudamiento y el gasto público a las causas de los problemas del sistema en su totalidad y al estado como la principal traba para el libre desenvolvimiento de la individualidad empresaria y el afán de acumulación del capital privado. Lo que no se dice es que las reformas, al contrario de borrar la intervención como se hizo en la época del laissez faire y el liberalismo, sí le otorgan al estado un rol protagónico y lo convierten en garante (y, por ende, cómplice) de las relaciones jurídicas e institucionales establecidas, que no hacen otra cosa que favorecer al capital en contra del trabajo.

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