Grupo TPI

Grupo para la Transformación Política de Izquierda

Reformas al interior del modelo: Minería – Columna 26-10

Posted by grupotpi en 28/10/2011

Hasta el año ’97, la actividad minera en el país tenía un impacto económico muy reducido, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y la explotación estaba destinada principalmente a satisfacer las necesidades de la industria y de la construcción en el ámbito local. Con el descubrimiento de Bajo de la Alumbrera, la minería pasó a ser una de las actividades económicas más importantes, sobre todo a nivel regional, donde economías enteras como la de Catamarca dependen de esta actividad. Este hecho modificó sustancialmente el tipo de explotación, las relaciones de poder y también la calidad de vida de los trabajadores mineros, que subordinaron su esperanza de vida y sus condiciones laborales al acceso a los salarios relativamente elevados que pagan las trasnacionales.

El descubrimiento de los yacimientos, sin embargo, no fue casual. A la (des)regulación vigente desde la dictadura militar sobre la radicación de Inversiones Extranjeras (la Ley 21.382 de 1976) se sumaron a la reforma constitucional de 1994, al acuerdo federal minero (1993-1995) y a la modificación del código minero (la Ley 24.196 de Inversiones Mineras de 1993), que dieron aún más garantías al capital trasnacional para ingresar al país en busca de recursos no renovables, transfiriendo el riesgo al estado. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales del subsuelo pasaron a pertenecer a las provincias, hecho que les otorga un derecho exclusivo sobre las regalías y sobre la construcción de marcos regulatorios para la explotación de su suelo. Además, por medio de la Modificación del Código minero, se les concedió a las trasnacionales garantías fiscales por 30 años, facilidades en la deducción del impuesto a las ganancias junto a otros beneficios impositivos, un régimen especial de importación sin aranceles y subsidios al consumo de electricidad y combustibles.

Actualmente, las economías provinciales que cuentan con estos recursos dependen casi exclusivamente de las regalías que les deja la explotación de los yacimientos. Estas regalías (que a lo sumo llegan al 4% sobre el valor a boca de mina) son ínfimas en relación al valor de lo que se extrae, y, debido a que el procesamiento en el lugar de origen es realmente escaso, los efectos sobre las economías regionales son sumamente magros. A esto se suma, además, la falta de control por parte del estado y la escasez absoluta de estadísticas oficiales sobre la salida de minerales, que dificultan aún más el cálculo sobre “lo que se está perdiendo” en términos económicos.

Amén de la dependencia fiscal y los efectos económicos perversos que genera este tipo de economía de enclave, existen razones de orden social, cultural, ético y ecológico por las que la reforma del régimen minero se torna impostergable. En algunos yacimientos, la megaminería a cielo abierto utiliza un método con cianuro que pulveriza millones de toneladas de tierra y roca, contaminando las cuencas hídricas que luego bajan con un elevado contenido de arsénico desde la cordillera a las comunidades aledañas y al suelo de la producción agrícola de la región.

La modificación del régimen minero se impone entonces tanto por cuestiones sociales y medioambientales como por razones económicas. El principal obstáculo es la oposición de las provincias, que dependen en sus fuentes de financiamiento casi exclusivamente de estos mecanismos y que, al aludir las bondades que derraman la generación de empleo, la seguridad jurídica, y las inversiones extranjeras se vuelven cómplices de un lobby que frustra cualquier proceso de transformación del régimen. Además, el mercado de empresas extractoras está muy concentrado en pocas manos que exigen, como contrapartida de las grandes inversiones que llevan a cabo, ser acreedores de las ganancias extraordinarias que proporciona la actividad. Sin ir más lejos, desde 2001 el precio del oro y de la plata se incrementó alrededor del 450% y las regalías permanecieron en los mismos niveles.

De las propuestas que circulan, por un lado, se destacan aquellas que proponen la prohibición general de la utilización de tecnologías mineras a base de cianuro. Además, se propone en primera instancia el establecimiento de estadísticas fiables y de un control activo por parte del estado. Además, se propone también reemplazar el cobro de regalías hacia una forma de impuesto sobre las ganancias y las ganancias extraordinarias. Por último, sería interesante también investigar la posibilidad de recrear las empresas públicas en el sector (como en Venezuela y Bolivia), para lo cual habría que revocar el código minero del ’94, o modificar el marco legal conforme a la necesidad de, al menos, agregar valor en el ámbito nacional, prohibiendo la exportación del material sin procesar.

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