Grupo TPI

Grupo para la Transformación Política de Izquierda

YPF vuelve al estado: balances y perspectivas

Posted by grupotpi en 17/04/2012

En las últimas semanas, la novela de YPF fue ganando las principales planas en los diarios locales e internacionales. Finalmente, el último lunes 16 de abril se anunció formalmente el ingreso del proyecto de ley de “soberanía hidrocarburífera” que declara de utilidad pública, y por ende pasible de expropiación, al 51% del patrimonio de YPF representado por parte de las tenencias de Repsol. De la participación a expropiar, el 49% quedaría en manos de las provincias productoras (en virtud de ser propietarias del subsuelo a partir de la reforma constitucional del año 1994) y el 51% al Estado Nacional.

Asimismo, como parte de la estrategia se declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos destinado a coordinar las políticas del Estado Nacional y las Provincias con el mencionado fin. En la misma línea, se fomenta la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización ratificando el diagnóstico que la situación energética en el país, si bien no se considera apremiante, presenta muchos signos de interrogación sobre las perspectivas futuras.

En los últimos seis años, el ritmo de perforación anual en todo el territorio nacional por parte de YPF promedió los 7 pozos en 60 áreas concesionadas mientras que por la cantidad de áreas se esperaría un promedio mayor a los 60 pozos anuales, en contraposición a los años 80 donde osciló los 160. En relación a la extracción, la cantidad de crudo declinó casi un 30% entre los años 2003 y 2011 mientras que la de gas cayó un 37% entre los años 2004 y 2011. Adicionalmente, las reservas de gas de YPF cayeron entre 2002 y 2009 un 68%.

Por otro lado, la fuerte política de distribución de dividendos de la empresa, que se ubicó en el 90% de las utilidades totales, debilitó la capacidad de la empresa de reinvertir las utilidades en explotaciones genuinas, descapitalizó la empresa y elevó su endeudamiento de manera marcada. La falta de exploración, el agotamiento de reservas y la mencionada política de distribución de dividendos reflejaron un modelo de gestión que estuvo centrado en maximizar las utilidades de corto plazo y generar una capacidad de repago del endeudamiento contraído para comprar la empresa con una velocidad incompatible con el sostenimiento de la actividad en el largo plazo.

Este hecho, por su parte, entró en conflicto con el esquema macroeconómico ya que debilitó las perspectivas del sistema energético argentino y, por otro lado, estrechó los límites de la “temida” restricción externa. Ambos fenómenos observables en la balanza de pagos: la fuerte remisión de utilidades (12.000 millones de dólares entre 2000 y 2010) y, a su vez, la necesidad de importar combustibles y lubricantes por 9.400 millones de dólares durante el último año, hecho que refleja la pérdida paulatina de la soberanía energética alcanzada en los ‘80.

Además de la cuestión simbólica que encarna en el ideario nacional, YPF es un actor estratégico que factura cerca de 65.000 millones de pesos al año, siendo la principal empresa a nivel nacional y, evidentemente, actor ineludible en el sector hidrocarburífero. Cuenta con una participación predominante en todas las etapas de la cadena productiva, concentra el 34% de la extracción de petróleo, el 23% de la extracción de gas, el 52% de la capacidad instalada en la refinación del crudo y el 55% de la oferta de combustibles líquidos de producción nacional. Respecto a la etapa comercial, representa el 53% de las ventas de naftas súper y el 52% de gasoil y naftas Premium.

En este sentido, la estatización significa un avance extremadamente importante en, por lo menos, tres aspectos que consideramos relevantes. En primer lugar, en lo que se refiere al control efectivo de un recurso natural no renovable “vital”, en pocas palabras, se recupera el brazo ejecutor de la política energética. En segunda instancia, esta decisión tendrá impactos macroeconómicos relevantes por la reducción de la remisión de utilidades al exterior y la posibilidad de modificar la política de distribución de dividendos. A partir de la reinversión, se espera que en el mediano-largo plazo Argentina vuelva a tener índices aceptables de exploración que posibiliten disminuir las importaciones de combustibles. Por último, pero no menos importante, la recuperación de la empresa, reabre la posibilidad de captar y canalizar parte de la renta hidrocarburífera (que hacia 2005 ascendió a 12.000 millones de dólares, de los cuales el sector privado se apropió de 7.600) a financiar un proceso de desarrollo.

Fuera de ello, de manera interesante el articulado de la ley sanciona dos protecciones frente a errores del pasado. Primero, la propiedad para el Estado nacional se encuentra relativamente protegida tanto mediante la sindicación de acciones (donde el Estado Nacional y las Provincias deben votar en idéntico sentido) como por el requerimiento de mayorías especiales en el trámite parlamentario para aprobar cambios en la propiedad de la empresa. Segundo, del lado de la forma de conducir la empresa, se señala que además de buscar el autoabastecimiento hidrocarburifero, la empresa debe conducirse bajo “las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos”, así como mediante “una gestión profesionalizada”. Sólo cumpliendo estos requisitos es posible que YPF se posicione como un actor fundamental del proceso de desarrollo nacional.

Por otro lado, no hay que perder de vista que el anuncio no abundó sobre cómo se hará efectiva la expropiación ni los instrumentos que se utilizaran para la compensación a Repsol. El Tribunal de Tasaciones de la Nación será el encargado de valuar la empresa de acuerdo al marco normativo de la Ley Nº 21.499. En cuanto al pago de la indemnización, las opciones son múltiples dependiendo del curso que tomen las negociaciones (a modo de ejemplo, podría abonarse al contado, con endeudamiento o a plazo por medio de las ganancias de la misma empresa). En definitiva, los pasos siguientes determinaran el grado de éxito de la operación financiera de expropiación así como si efectivamente se convalida la política netamente extractiva que realizó Repsol durante su gestión.

A su vez, seguramente cabrá esperar una estrategia de judicialización internacional por parte de Repsol y el gobierno español en base a diferentes tratados bilaterales de inversión que los años noventa legaron como forma de reducir los espacios de maniobra a la política económica. En este sentido, la Argentina sería llevada a juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial cuya independencia de los lobbys internacionales se encuentra cuestionada.

En cualquier caso, y esto es lo importante, el Estado Nacional se encuentra -a través de la intervención decretada- controlando la compañía y dando un paso histórico en pos de un plan de desarrollo. Por supuesto, como en tantas otras iniciativas, el éxito depende de haber aprendido de los errores del pasado.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: