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El Consejo de la Magistratura. Revirtiendo los avances.

Posted by grupotpi en 02/08/2009

Creación del Consejo y su conformación original.

El Consejo de la Magistratura fue incorporado a nuestra constitución como artículo 114 por la reforma de 1994. En aquel momento, la mayor parte de la opinión pública esperaba múltiples beneficios de su futura gestión; en especial, porque se lo concebía como un instrumento eficaz para independizar efectivamente al Poder Judicial del gobierno de turno. Pero tal confianza no era compartida en una medida similar por los sectores políticos. En primer lugar, porque no existía coincidencia sobre ciertos aspectos particulares que determinarían su perfil definitivo, fundamentalmente, en lo que se refiere a su integración y competencia. En segundo término, porque las atribuciones que finalmente se le confirieron significaban una simultánea pérdida de tales facultades por parte de otros poderes del Estado, controlados -precisamente- por el gobierno de turno. Ambos aspectos, que estuvieron siempre íntimamente relacionados, fueron la explicación de las distintas alternativas que sucedieron a la introducción de la nueva institución por aquella convención constituyente.

Los convencionales de entonces lograron establecer -con alguna precisión- las atribuciones del Consejo, que es competente para: 1) seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas de instancias anteriores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y remitir propuestas en ternas vinculantes al Poder Ejecutivo para su nombramiento, previo acuerdo del Senado; 2) ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados; 3) decidir la apertura del procedimiento para su remoción y acusarlos ante el Jurado de Enjuiciamiento (otro nuevo órgano introducido por el artículo 115 de la Constitución), ordenando eventualmente la suspensión del cuestionado; 4) administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley respectiva asigna al Poder Judicial; y, 5) dictar los reglamentos necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de Justicia. La primera atribución limitó, aunque no por completo, el ámbito hasta entonces absolutamente discrecional del que gozaba el Presidente de la Nación en sus propuestas de candidatos a jueces. La tercera, afectó las facultades de la Cámara de Diputados y del Senado; quienes hasta entonces tenían a su cargo la acusación y el juzgamiento de los magistrados de todas las instancias. Las restantes, las de la Corte Suprema de Justicia.

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