Grupo TPI

Grupo para la Transformación Política de Izquierda

Archive for the ‘Recursos Naturales’ Category

YPF vuelve al estado: balances y perspectivas

Posted by grupotpi en 17/04/2012

En las últimas semanas, la novela de YPF fue ganando las principales planas en los diarios locales e internacionales. Finalmente, el último lunes 16 de abril se anunció formalmente el ingreso del proyecto de ley de “soberanía hidrocarburífera” que declara de utilidad pública, y por ende pasible de expropiación, al 51% del patrimonio de YPF representado por parte de las tenencias de Repsol. De la participación a expropiar, el 49% quedaría en manos de las provincias productoras (en virtud de ser propietarias del subsuelo a partir de la reforma constitucional del año 1994) y el 51% al Estado Nacional.

Asimismo, como parte de la estrategia se declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos destinado a coordinar las políticas del Estado Nacional y las Provincias con el mencionado fin. En la misma línea, se fomenta la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización ratificando el diagnóstico que la situación energética en el país, si bien no se considera apremiante, presenta muchos signos de interrogación sobre las perspectivas futuras.

En los últimos seis años, el ritmo de perforación anual en todo el territorio nacional por parte de YPF promedió los 7 pozos en 60 áreas concesionadas mientras que por la cantidad de áreas se esperaría un promedio mayor a los 60 pozos anuales, en contraposición a los años 80 donde osciló los 160. En relación a la extracción, la cantidad de crudo declinó casi un 30% entre los años 2003 y 2011 mientras que la de gas cayó un 37% entre los años 2004 y 2011. Adicionalmente, las reservas de gas de YPF cayeron entre 2002 y 2009 un 68%.

Por otro lado, la fuerte política de distribución de dividendos de la empresa, que se ubicó en el 90% de las utilidades totales, debilitó la capacidad de la empresa de reinvertir las utilidades en explotaciones genuinas, descapitalizó la empresa y elevó su endeudamiento de manera marcada. La falta de exploración, el agotamiento de reservas y la mencionada política de distribución de dividendos reflejaron un modelo de gestión que estuvo centrado en maximizar las utilidades de corto plazo y generar una capacidad de repago del endeudamiento contraído para comprar la empresa con una velocidad incompatible con el sostenimiento de la actividad en el largo plazo.

Este hecho, por su parte, entró en conflicto con el esquema macroeconómico ya que debilitó las perspectivas del sistema energético argentino y, por otro lado, estrechó los límites de la “temida” restricción externa. Ambos fenómenos observables en la balanza de pagos: la fuerte remisión de utilidades (12.000 millones de dólares entre 2000 y 2010) y, a su vez, la necesidad de importar combustibles y lubricantes por 9.400 millones de dólares durante el último año, hecho que refleja la pérdida paulatina de la soberanía energética alcanzada en los ‘80.

Además de la cuestión simbólica que encarna en el ideario nacional, YPF es un actor estratégico que factura cerca de 65.000 millones de pesos al año, siendo la principal empresa a nivel nacional y, evidentemente, actor ineludible en el sector hidrocarburífero. Cuenta con una participación predominante en todas las etapas de la cadena productiva, concentra el 34% de la extracción de petróleo, el 23% de la extracción de gas, el 52% de la capacidad instalada en la refinación del crudo y el 55% de la oferta de combustibles líquidos de producción nacional. Respecto a la etapa comercial, representa el 53% de las ventas de naftas súper y el 52% de gasoil y naftas Premium.

En este sentido, la estatización significa un avance extremadamente importante en, por lo menos, tres aspectos que consideramos relevantes. En primer lugar, en lo que se refiere al control efectivo de un recurso natural no renovable “vital”, en pocas palabras, se recupera el brazo ejecutor de la política energética. En segunda instancia, esta decisión tendrá impactos macroeconómicos relevantes por la reducción de la remisión de utilidades al exterior y la posibilidad de modificar la política de distribución de dividendos. A partir de la reinversión, se espera que en el mediano-largo plazo Argentina vuelva a tener índices aceptables de exploración que posibiliten disminuir las importaciones de combustibles. Por último, pero no menos importante, la recuperación de la empresa, reabre la posibilidad de captar y canalizar parte de la renta hidrocarburífera (que hacia 2005 ascendió a 12.000 millones de dólares, de los cuales el sector privado se apropió de 7.600) a financiar un proceso de desarrollo.

Fuera de ello, de manera interesante el articulado de la ley sanciona dos protecciones frente a errores del pasado. Primero, la propiedad para el Estado nacional se encuentra relativamente protegida tanto mediante la sindicación de acciones (donde el Estado Nacional y las Provincias deben votar en idéntico sentido) como por el requerimiento de mayorías especiales en el trámite parlamentario para aprobar cambios en la propiedad de la empresa. Segundo, del lado de la forma de conducir la empresa, se señala que además de buscar el autoabastecimiento hidrocarburifero, la empresa debe conducirse bajo “las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos”, así como mediante “una gestión profesionalizada”. Sólo cumpliendo estos requisitos es posible que YPF se posicione como un actor fundamental del proceso de desarrollo nacional.

Por otro lado, no hay que perder de vista que el anuncio no abundó sobre cómo se hará efectiva la expropiación ni los instrumentos que se utilizaran para la compensación a Repsol. El Tribunal de Tasaciones de la Nación será el encargado de valuar la empresa de acuerdo al marco normativo de la Ley Nº 21.499. En cuanto al pago de la indemnización, las opciones son múltiples dependiendo del curso que tomen las negociaciones (a modo de ejemplo, podría abonarse al contado, con endeudamiento o a plazo por medio de las ganancias de la misma empresa). En definitiva, los pasos siguientes determinaran el grado de éxito de la operación financiera de expropiación así como si efectivamente se convalida la política netamente extractiva que realizó Repsol durante su gestión.

A su vez, seguramente cabrá esperar una estrategia de judicialización internacional por parte de Repsol y el gobierno español en base a diferentes tratados bilaterales de inversión que los años noventa legaron como forma de reducir los espacios de maniobra a la política económica. En este sentido, la Argentina sería llevada a juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial cuya independencia de los lobbys internacionales se encuentra cuestionada.

En cualquier caso, y esto es lo importante, el Estado Nacional se encuentra -a través de la intervención decretada- controlando la compañía y dando un paso histórico en pos de un plan de desarrollo. Por supuesto, como en tantas otras iniciativas, el éxito depende de haber aprendido de los errores del pasado.

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Ley de control de extranjerización de tierras: ¿puerta de entrada o desvío del conflicto central? – Columna TPI 21-12

Posted by grupotpi en 23/12/2011

Luego del dictamen obtenido en la cámara de diputados la semana pasada, el pasado martes se obtuvo en la comisión de agricultura de la cámara de senadores un dictamen favorable para la aprobación de la ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. En relación al proyecto original, la propuesta sancionada en la comisión redujo del 20% a un 15% el límite de la posesión de tierras rurales que pueden estar en manos de extranjeros sobre el total de tierras productivas. Además, de ese 15%, el máximo que podrán concentrar personas de la misma nacionalidad no podrá superar el 30%. Por último, se impuso un techo por propietario de 1000 hectáreas de tierras rurales en la zona núcleo (que podría ser la superficie que abarca la “pampa húmeda”), o un equivalente en las superficies con menor fertilidad del suelo.

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Las circunstancias económicas detrás del asesinato de Cristian Ferreyra – Columna 23-11

Posted by grupotpi en 06/12/2011

El problema del desplazamiento de las familias campesinas y de las comunidades indígenas que trabajan el suelo en pequeñas explotaciones no puede escindirse del proceso de extensión de la frontera agrícola. Este proceso responde, sin lugar a duda, a una necesidad creciente de concentración y centralización de la tierra que imponen la competencia internacional, los estándares de producción y los elevados precios relativos de los productos.

Lo que ocurrió la semana pasada en Santiago del Estero, en la comunidad de San Antonio, no es un hecho aislado sino que responde a una lógica de acumulación que se expresa en la necesidad de extender las fronteras agrícolas hacia regiones donde antes la producción era agronómicamente imposible y económicamente inviable, tanto por la tecnología disponible como por el nivel de los precios internacionales de esos productos. Como reflejo de esto, son también conocidos los casos de desmonte y expulsión y represión de campesinos y comunidades indígenas en Formosa, Chaco, Jujuy y Salta.

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Reformas al interior del modelo: Minería – Columna 26-10

Posted by grupotpi en 28/10/2011

Hasta el año ’97, la actividad minera en el país tenía un impacto económico muy reducido, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y la explotación estaba destinada principalmente a satisfacer las necesidades de la industria y de la construcción en el ámbito local. Con el descubrimiento de Bajo de la Alumbrera, la minería pasó a ser una de las actividades económicas más importantes, sobre todo a nivel regional, donde economías enteras como la de Catamarca dependen de esta actividad. Este hecho modificó sustancialmente el tipo de explotación, las relaciones de poder y también la calidad de vida de los trabajadores mineros, que subordinaron su esperanza de vida y sus condiciones laborales al acceso a los salarios relativamente elevados que pagan las trasnacionales.

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La renta de los recursos naturales – Columna del 22-06

Posted by grupotpi en 27/06/2011

Les dejamos aquí el texto sobre el que se armó la Columna TPI en “Llevalo puesto” de 8 a 9 por FM La Tribu.

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En esta oportunidad vamos a discutir sobre la renta de los recursos naturales. Ahora bien, ¿por qué elegimos este tema? Por un lado, porque actualmente en Uruguay se está debatiendo un proyecto de ley para captarla y, por otro lado, porque se trata de una problemática compartida por la economía argentina, dadas sus características. Entonces, analicemos a partir de esta última la cuestión de la renta y después volvamos al caso uruguayo.

Las economías latinoamericanas en general, y la argentina en particular, presentan dos características centrales. En primer lugar, todas se embarcaron en un proceso de industrialización en forma tardía y, en segundo lugar, todas poseen un sector vinculado a la explotación de recursos naturales (en algún caso será la minería, en otros la producción agropecuaria, etc.) que permiten obtener renta.

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Agrotóxicos

Posted by grupotpi en 15/05/2009

Hace ya varios meses que lo que se denominó “la cuestión del campo” ha pasado a ocupar la agenda y los discursos de los funcionarios. Mucho se ha hablado respecto de la forma de solucionar el problema de la renta, de la política agropecuaria y demás. Sin embargo, poco se discutió en el pasado conflicto sobre la utilización constante de cultivos transgénicos y agroquímicos que conforman la base sobre la cual se sustenta el modelo agropecuario instalado a mediados de los noventa. En este marco, poco se ha avanzado en la discusión respecto a la forma que toma la producción con la honrosa excepción de los movimientos campesinos y organizaciones ecologistas (a estos habría que sumar a FAA, pero en algún momento del 2008 se les olvidó su posición). En Europa, por el contrario, ya se ha prohibido la comercialización de, por ejemplo, un tipo de maíz transgénico elaborado por las mismas compañías que proveen a los productores locales.

Sin embargo, en los últimos tiempos se han empezado a discutir las consecuencias que posee ese paquete tecnológico. Es el caso de los habitantes de diferentes regiones del país, quienes reiteradas veces han denunciado que la utilización constante y de manera normal de pesticidas resulta perjudicial en términos sanitarios y ambientales. A partir de sus reclamos, se ha limitado el uso de tales instrumentos, prohibiendo su utilización en tierras cercanas a zonas urbanas. Ciertamente, esto implica un avance concreto en el buen camino. Pero es necesario considerar que la medida se limita simplemente a que no se rocíe con tóxicos directamente a la población, lo cual constituye una acción de mero sentido común. En efecto, nada se ha reglamentado respecto de la permanencia de éstos por extensos períodos en el ambiente y su dispersión mediante el viento y el agua. Claramente, estas cuestiones deben resolverse de manera integral o de lo contrario continuarán efectuándose bajo las peores formas, como son los denominados “niños bandera”.

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Sobre la cuestión minera

Posted by grupotpi en 15/12/2008

Durante las últimas décadas, América Latina ha sido testigo del surgimiento de innumerables movilizaciones populares en defensa de los recursos naturales y por la “recuperación” de los mismos, esto es, por el control nacional de las producciones basadas en ellos. Lo cierto es que esta lucha enconada de los pueblos latinoamericanos ha sido de tal magnitud que acabó, en algunos casos, siendo un factor determinante en la vida política de ciertos países -como el caso boliviano. De hecho, de fuerte carácter nacionalista y antiimperialista, la oposición al modelo de desarrollo basado en el virtual “saqueo” de las riquezas naturales, ha ido ganando aceptación entre los sectores más vulnerados, al punto de convertirse en el eje de los planes de acción política de varios partidos de izquierda de la región.

Creemos, por tanto, necesario comenzar a discutir acerca de esta problemática. Las producciones basadas en recursos naturales, renovables y no renovables, dan lugar a la existencia de renta diferencial y absoluta. Si las producciones basadas en la explotación de los mismos no se encuentran fuertemente reguladas o directamente bajo el control estatal, se corre el riesgo de que un gran flujo de riqueza, que podría destinarse a la acumulación de capital en los países que poseen dichos recursos, termine alimentando la acumulación en otros puntos del globo, allí donde la empresa multinacional del caso decida enviar sus ganancias -que incluirán ahora una renta- para ser invertidas. Por otra parte, se trata de procesos productivos que, por lo general, no generan una gran cantidad de puestos de trabajo -es decir, se trata de producciones con una baja elasticidad empleo-producto-, al mismo tiempo que provocan serios daños al medioambiente, lo cual termina por elevar los costos de otras producciones, al punto de impedir la normal inversión de capital en ellas.

Esto es, nuestra postura trasciende la condena a las producciones basadas en los recursos naturales por el sólo hecho de que destruyan el medio ambiente con una celeridad mayor que otras. Hay mucho más en discusión.

En consecuencia, y para dar inicio al debate, hacemos eco de una nota de opinión del Espacio “Chico Mendes” sobre la producción minera y sus implicancias para el desarrollo económico.

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